¿Qué es la responsabilidad penal de los administradores, concretamente el delito de administración desleal?

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Respondemos a esta cuestión en nuestra condición de abogados especializados en el ámbito del derecho penal.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico están adquiriendo una relevancia tanto social como mediática. Concretamente, la responsabilidad penal de los administradores de una sociedad y, en especial, el delito de administración desleal.

Actualmente, nos encontramos con conflictos entre socios y/o administradores de sociedades, en los que se criminalizan conductas y se interponen querellas o denuncias.

¿Qué es el delito de administrador desleal?

El delito de administración desleal se encuentra regulado en el artículo 252 del Código Penal y sanciona a aquellas personas que, teniendo facultades para administrar un patrimonio, lo gestionan excediéndose en su ejercicio y causando un perjuicio económico al titular (o titulares) del patrimonio administrado.

No es necesario que quien gestione el patrimonio sea el administrador, puede ser una persona con las facultades necesarias para poder hacerse cargo del patrimonio. Además, este delito no se aplica únicamente a casos de personas jurídicas, sino también cuando una persona gestiona el patrimonio de otro con el consentimiento de este.

El Código Penal, tras su reforma del año 2015 mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, sanciona penalmente los actos de las personas que, teniendo facultades para administrar un patrimonio, lo gestionan excediéndose de sus funciones. No obstante, no especifica hasta qué punto quedan limitadas dichas funciones. Ahora bien, la infracción (por acción u omisión) debe de ser manifiesta e indudable y debe haber una correlación con el perjuicio patrimonial que causa.

Además, para la comisión del delito de administración desleal no se requiere ánimo de lucro, es decir, es suficiente el dolo de actuar con el consentimiento y el conocimiento del perjuicio que se va a originar.

Así, deben concurrir tres circunstancias:

  • Que el autor del delito ostente facultades de administración de patrimonio ajeno.
  • Que este se exceda en el ejercicio de dichas facultades.
  • Que se cause un perjuicio, como disminución patrimonial o lucro cesante, o se aplique el patrimonio a un fin no autorizado o contrario a los intereses del perjudicado.

¿Cuáles son las penas previstas?

El artículo 252 del Código Penal hace una remisión a los artículos 249 y 250 del Código Penal.

El artículo 249 del Código Penal dispone que se castigará con la pena de prisión de seis meses a tres años en función de lo siguiente:

  • El importe de lo defraudado.
  • El deterioro económico causado al afectado.
  • Las relaciones entre el afectado y el autor del delito.
  • Los medios utilizados por el autor del delito.
  • Cuantas otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Además, el artículo 250 del Código Penal dispone que se impondrá la pena de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:

  • El delito recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  • El delito se cometa abusando de firma de otro o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.
  • El delito recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
  • El delito revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
  • El valor de lo defraudado ascienda a 50.000 euros o afecte a un gran número de personas.
  • El delito se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y autor, o aproveche este su credibilidad empresarial o profesional.
  • Se cometa estafa procesal.
  • Al delinquir, el autor del delito hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en el capítulo VI del Título XIII del Código Penal.

Si la cantidad del perjuicio patrimonial no supera los 400 euros constituiría un delito leve de administración desleal y la pena sería de multa, concretamente de uno a tres meses.

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